Contra la embestida del Gobierno Nacional, la UBA va a la Justicia para hacer valer sus derechos de Autonomía.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales de Argentina por el presupuesto y auditorías llevó a la Universidad de Buenos Aires a presentar acciones judiciales para proteger su autonomía. El Rectorado de la UBA destacó que ya tienen mecanismos de auditoría interna y externa, realizadas por la Auditoría General de la Nación.

La respuesta del gobierno fue inmediata, con el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionando la acción y defendiendo las auditorías como una demanda ciudadana. Javier Milei también reaccionó con un mensaje contundente en redes sociales, acusando a las autoridades universitarias de corrupción y sugiriendo que la situación es peor de lo imaginado.
Este conflicto refleja tensiones profundas entre el gobierno y las instituciones educativas sobre control, financiamiento y autonomía. La UBA busca proteger su independencia frente a lo que considera injerencias gubernamentales.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su autonomía. Según la Ley de Educación Superior 24.521, las universidades nacionales gozan de independencia y el Poder Ejecutivo no debe interferir en sus actividades.
La UBA considera que la SIGEN, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, actuó de manera «inconstitucional e ilegal» al disponer unilateralmente actividades dentro de la universidad. Por ello, se dispuso iniciar acciones judiciales para defender la autonomía universitaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha establecido que la Ley de Educación Superior contiene normas que promueven la independencia de las universidades nacionales y limitan la injerencia del Poder Ejecutivo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de negarse a ser auditada después de que la institución iniciara acciones legales para evitar una auditoría de sus finanzas. Milei afirmó que la negativa de la UBA a ser auditada implica que las autoridades universitarias están ocultando algo y que «las cosas son peores de lo que imaginamos».
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también rechazó la presentación judicial de la UBA y reiteró la postura oficial de realizar auditorías exhaustivas. Adorni destacó que la gente tiene derecho a saber cómo se gastan sus impuestos.
Este conflicto surge en un contexto de debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones educativas argentinas. La Auditoría General de la Nación ya ha iniciado auditorías en varias universidades del país.